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El quehacer político, hoy tiene fisonomía de mujer

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Mie, 30 de mayo de 2018
Por Nurys Paulino
Máster en Estudios Políticos-Electorales/Estratega de Comunicación/Periodista

La política ha sido, desde la antigüedad, un espacio público reservado para los hombres. Esto ha implicado que los cargos públicos sean ocupados por los varones, marginando las mujeres, tanto en las discusiones como en los procesos de toma de decisiones en los aspectos de interés colectivo. Y es que, en el ámbito público y privado, la mujer ha sufrido un trato discriminatorio, porque anteriormente se pensaba que la fémina no tenía capacidad para hablar, formar parte o trabajar en los quehaceres políticos o proyectos representativos. Además, se creía que esta debía involucrarse en labores exclusivamente del hogar.

Desde el pasado siglo XVIII, se han gestado diferentes esfuerzos por reivindicar los derechos políticos de las mujeres, cuando Olympe de Gouges en 1791 redactado un texto y publicó la “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”, uno de los primeros documentos históricos que solicita el voto femenino y propone la autonomía femenina en el sentido de la igualdad de derechos  o la “equiparación jurídica y legal  de las mujeres en relación a los varones”.

En el caso de la mujer dominicana, hace apenas 76 años (en el 1942) que adquirió su derecho político cuando votó por primera vez, época en que se entendía que su papel de estaba vinculado a los quehaceres domésticos (cuidar sus hijos, su marido e ir a la iglesia). Vaya, qué error pensar esto, porque la mujer mucho antes de alcanzar esta prerrogativa legal, ya estaba sumergida en las labores político-partidarias y sociales. Y aunque no hemos alcanzado la presidencia de la República, si hemos tenido mujeres en la vicepresidencia, diputaciones, senadurías, regidurías y alcaldías. Esto indica que estamos avanzando políticamente, y que este trabajo, sí tiene fisonomía femenina.

Aunque la mujer, al igual que el hombre, milita activamente en la política partidaria, no así recibe el mismo trato que el macho, pese a que, de acuerdo al Padrón de Votantes de la Junta Central Electoral, la mujer con derecho a ejercer el voto en las Elecciones Presidenciales, Congresuales y Municipales del 2016, era el 50.67 %. Es decir, más de la mitad de los electores, su propuesta a candidatura y participación en los puestos de decisión y dirección a lo interno de los partidos políticos, no fue parejo al del hombre. Los hombres son los que tienen el timón, son los que mandan, porque en pleno siglo XXI –en la práctica– la alta dirigencia política se cree que la habilidad para dirigir y tener aspiraciones a compromiso de poder, aún no es cosa de mujer, aunque el trabajo de base lo haga la mujer.

El trabajo de la mujer en los partidos políticos ha servido –únicamente– para que el hombre haga la zapata y construya su plataforma de alcanzar el poder. Es que, en muchos casos, la mujer va a los barrios, a las casas, para convencer la ciudadanía a que vote por tal o cual dirigente –muchas veces– en detrimento de otra mujer que también tiene el mismo derecho de optar por regentar los destinos del país, y formar parte de las soluciones de los grandes problemas nacionales.

Es preocupante que hoy la mujer moderna que quiere participar en política, se vea usada dentro de su propio partido como eslabón del hombre, a fin de que este pueda conseguir una nominación en uno de los poderes del Estado (Congreso Nacional, Ayuntamientos y el Ejecutivo), sin pensar que la política sí es cosa y tiene fisonomía de mujer. Esto se refleja bien en nuestra Constitución del año 2010, la cual creó las condiciones iniciales para establecer la paridad, al señalar en el artículo 39, numeral 5: “El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de la justicia y en los organismos de control del Estado”. Más claro ni el agua.

Esta es una prerrogativa legal que no cumplen los partidos. Aducen que se debe romper con un marco socio-cultural que tiene atada la mujer a un pasado. ¿A cuál pasado? A lo que se refieren, o usan como pretexto, hace tiempo fue superado, como bien lo muestra la investigación del año 2009 hecha por el Ministerio de la Mujer Dominicana: “Mujer y Política en la República Dominicana: Consensos y Disensos entre las Líderes y la Ciudadanía”. En este estudio se afirma que, el 81 % de los hombres y el 86 % de las mujeres, expresan que estas tienen capacidad para ocupar cualquier puesto importante en el gobierno. Mientras que el 78 % de las mujeres y el 66 % de los hombres, valoran igual o mejor su capacidad para gobernar; en tanto, el 71 % de los hombres y el 91 % de las mujeres contactado, aseguran que ellas son más honestas y mejores administradoras de los recursos del Estado que los hombres. Sumado a esto está la inspiración de la confianza al momento de votar, dando como resultado que más del 60 % de mujeres y hombres aseguran que las féminas le imbuyen una mayor seguridad.

La mujer política en esta época cuenta con un alto nivel de formación profesional, ocupando los primeros lugares en cantidad y calidad en las universidades, conquistando altos puestos en las empresas públicas y privadas –no así los sueldos más altos– con un mayor nivel de decisión a lo interno de los partidos políticos (aunque no sea la más promovida para ocupar puestos públicos) con una Ley de Cuota 12-2000, la cual obliga los partidos políticos a asignar en los puestos un 33 por ciento, con la esperanza de romper con el prejuicio cultural y social que hace creer a la ciudadanía que la política no es cosa de mujer. Mientras tanto, a la expectativa de la aprobación de un proyecto de Ley de Partidos Políticos, Agrupaciones y Movimientos Políticos –por cierto, con más de diez años viéndose, discutiéndose y guardándose.

En el caso de la cuota femenina o medida de acción afirmativa, es relevante aclarar que, pese a que la mujer cuenta con esta prerrogativa legal, su representación política en los cargos de elección popular sigue siendo muy baja, sin dejar de reconocer que en el Congreso Nacional y los ayuntamientos, su presencia ha aumentado tímidamente.

En la Cámara de Diputados, su presencia en el año 1990 era de 14 asientos; en los años 1998 y 2002, 24 puestos, para un 16.1 %; 2006, 35 para un 19.7 %, hasta en el 2010 y 2012, con 38 y 39, respectivamente, para un 20.5 % hasta ahora. En el 2016 alcanzó 66 de la matrícula. Cabe recordar que en este último integra las diputaciones de ultramar y suplentes, Parlacen y nacional.

En el Senado, para el 1994, era una curul de las mujeres; en el 1998 tenían 2 curules, para 6.7 % de la matrícula, y en el 2002 y 2006, 2, para un 6.3 %; en el 2010, tres mujeres, para un 9.4 %, que se mantuvo a partir de agosto del 2016. Cuando se miran los escaños obtenidos por mujeres en cada elección, se aprecia el crecimiento, aunque menguado, indudablemente.

A nivel municipal, el incremento ha sido comparativamente mayor, ya que de un 14.4 % de mujeres electas como regidoras en el 1994, se incrementa a un 24.4 % en las elecciones del 1998, cuando fueron electas un total de 185 mujeres. En las elecciones del 2010, fueron elegidas 383 regidoras, para un porcentaje de 33.3 %.

Es importante reconocer que, cuando el sistema de partidos asume la cuota de candidaturas femeninas, lo hace como una forma de subsanar la subrepresentación histórica que ha tenido la mujer en las funciones políticas electivas. No está regalando nada, únicamente está enmendando el daño que le hizo por años.

Aunque se puede afirmar que hemos avanzado un poco en el tiempo y se está rompiendo con la brecha histórica entre hombres y mujeres, la situación de la mujer política sigue estancada. A pesar de plantearse, de manera colectiva, sus aspiraciones sociales y políticas a lo interno de los partidos y el Estado dominicano, exigiendo su derecho a elegir y ser elegida, como bien lo reza nuestra Carta Magna en su artículo 39.

La mujer política de este tiempo busca y trabaja para ser tratada con igualdad y para crear un sujeto autónomo que entra en convivencia social, contrario al pensamiento de Rousseau, quien plantea en el “Contrato social”, que el hombre “tendrá como hábitat natural la esfera pública y su educación irá encaminada a que pueda ejercer en el futuro sus funciones en ese ámbito, en funciones políticas propias del individuo racional; condenando a la mujer a los límites de la esfera privada”, ya que entendía que esta siempre debe operar en el espacio hogareño y dedicada incondicionalmente al bienestar de la familia y la economía doméstica. ¡No más! La política sí tiene fisonomía de mujer.

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